La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de
Alimentos (MIDA) presentó una ponencia ante la Comisión de Gobierno del Senado
en la que se expresó en contra del P. del S. 2520 porque dicha medida, es innecesaria,
burocrática, y pone el control de la industria en una Junta con insalvables
conflictos de intereses.
“Lo propuesto por este proyecto resulta completamente
innecesario porque ya existe amplia regulación en protección del consumidor”,
dijo el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Lic. Manuel Reyes Alfonso.
El P. del S. 2520, de la autoría del senador Luis
Berdiel Rivera, propone crear la Oficina de Estabilización del Sector de
Producción, Elaboración e Importación de Carne de Pollo y sus Productos
Derivados de Puerto Rico, para velar por el cumplimiento de leyes y reglamentos
relacionados a la carne de pollo. Dicha Oficina estaría regida por una
Junta con amplias facultades para aprobar nuevos reglamentos, decidir sobre las
licencias, multas y llevar incluso procesos penales graves en contra de los
comerciantes, entre otros tópicos.
De ser necesario agrupar las funciones reguladoras y
fiscalizadoras en una sola entidad, debe hacerse utilizando una de las
dependencias gubernamentales ya existentes. El crear una andamiaje regulador
adicional a los cuatro existentes, (USDA, DACO, Departamento de Salud y
Departamento de Agricultura) resulta contradictorio con la política pública de
reducción de gastos de la presente Administración según reiterado recientemente
por el Gobernador Luis Fortuño en su mensaje de presupuesto al país.
“La industria de los supermercados es solidaria con
los avicultores y elaboradores del patio porque en general también somos
empresas locales que aportamos a la economía de la Isla”, reconoció Reyes
Alfonso, añadiendo que recientemente MIDA presentó públicamente sus propuestas
y en las mismas se destaca, con prominencia, la importancia del empresarismo
local como parte de una política alimentaria que la entidad busca que el
Gobierno la adopte.
“Sin embargo es muy distinto solicitar incentivos y
preferencias que apoyen el fortalecimiento del sector agrícola de manera que
pueda competir, a pretender el control regulatorio de todo un renglón
empresarial con una velada intención de limitar las importaciones”, recalcó
Reyes Alfonso.
El vicepresidente ejecutivo de MIDA expuso que la
presente medida resulta ser “significativamente similar” a lo propuesto en el
P. del S. 2281, proyecto que recibió una oposición tajante de una gran número
de organizaciones empresariales quienes levantaron serias preocupaciones. “Por
ende nuestros comentarios a ese proyecto siguen vigentes”, subrayó.
Reyes Alfonso dejó claro que MIDA repudia cualquier
violación de ley y de los reglamentos vigentes y exhorta a sus miembros
constantemente al cumplimiento de ley”, añadiendo de inmediato que “como queda
constatado en la propia exposición de motivos de la medida, la situación
planteada como justificación a la presente medida no aparenta ser una práctica
generalizada y ha sido atendida de forma responsable por las agencias a cargo
de la fiscalización”.
Finalmente, Reyes Alfonso sostuvo que “la facultad
conferida tanto al Administrador como a la Junta Administradora, resulta
extrema partiendo de que su composición estará potencialmente controlada por un
grupo de la cadena comercial, que a su vez resultan ser competidores o
suplidores de las entidades comerciales reguladas. Ello, sin duda alguna,
representa un conflicto de interés craso y un impedimento para lograr una
fiscalización objetiva e imparcial. El andamiaje propuesto expone información
sensitiva de negocios y relaciones comerciales a un grupo de la industria que
conformarán la composición de la Junta propuesta lo cual no podemos
avalar.”
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