La Junta de Planificación deberá culminar el proceso para la adopción final del Plan de Uso de Terrenos, actualizándolo a la realidad presente, mediante un enfoque de adaptación a los efectos previsibles del cambio climático. La adopción del Plan de Uso será el instrumento principal en la planificación del país, de manera que propicie el desarrollo sustentable y el aprovechamiento óptimo de los terrenos.
La segunda orden ejecutiva crea el Consejo de Acción para la Sustentabilidad, cuyo fin es recibir recomendaciones técnicas, ambientales, sociales, legales y económicas sobre el diseño de la política pública relacionada al medio ambiente "dentro de un clima de consenso y amplia participación".
La tercera orden ejecutiva dispone el desarrollo de un estudio sobre la vulnerabilidad de la infraestructura pública ante los cambios climáticos y la adopción de planes de adaptación para hacer frente a los hallazgos del estudio.
Un informe recién concluido denominado: El Estado del Clima de Puerto Rico: Evaluación de Vulnerabilidades Socio-ecológicas en un Clima Cambiante 2010-2013, suscrito por el Departamento de Recursos Naturales, identifica una serie indicadores de vulnerabilidad de la infraestructura pública ante fenómenos como el incremento del nivel del mar y la exposición a inundaciones, entre otros impactos generados por el cambio climático.
“El Informe y sus recomendaciones serán la base para que las agencias públicas elaboren y pongan en acción los Planes de Adaptación en un período no mayor de 18 meses de recibido el Informe” anticipó el gobernador.
García Padilla anunció también una orden que ordena un estudio para determinar las medidas y estrategias necesarias para lograr que Puerto Rico se acerque a la neutralidad en las emisiones de carbono en un periodo de tiempo razonable. El responsable de desarrollar la política pública conducente a alcanzar la meta de neutralidad carbono, será la Administración de Asuntos Energéticos (AAS), en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA).
“Una mayor independencia del petróleo y el uso cada vez mayor de energías renovables tendrá un impacto decisivo en la reducción de emisiones y por ende en la reducción de la huella de carbono”, señaló el ejecutivo.
Finalmente, García Padilla ordenó el establecimiento de un Deslinde Nacional de la Zona Marítimo Terrestre para proteger las costas de los efectos que los cambios en el clima provocarán en los próximos años. Una vez hecho el deslinde se ratificará por ley la delimitación de la zona marítimo terrestre cuya métrica objetiva será, 50 metros a partir de los criterios científicos del flujo y reflujo de las olas y las realidades geográficas de la zona. Esta es una medida de consenso discutida con ambientalistas y desarrolladores durante la presentación del gobernador ante Agenda Ciudadana.
El Deslinde Nacional se completará en un término no mayor de nueve (9) meses desde la promulgación de esta Orden.
El gobernador adelantó que próximamente presentará legislación para restituir la reserva de las 3,057 cuerdas del Corredor Ecológico del Noreste como fue su compromiso en su presentación del plan ambiental ante Agenda Ciudadana en octubre de 2012.
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