La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), expresó nuevamente su oposición ayer, esta vez en vistas públicas, a la propuesta legalización de máquinas de apuestas fuera de casinos. Los representantes de la industria turística argumentaron que según la fórmula de distribución de recaudos de la medida propuesta, por cada $2 millones en recaudos que recibiría el Sistema de Retiro, $29 millones irían a manos privadas. De esta forma, la organización cuestionó una vez más la insistencia en implementar una medida que no allegará fondos suficientes para aliviar la crisis del Sistema de Retiro y que a su vez tendrá un impacto detrimental en la industria turística.
“Luego de estudiar con detenimiento el Proyecto de la Cámara 916, entendemos que esta medida, aunque fue radicada con la intención de atender la crisis en el Sistema de Retiro del Gobierno, pone el grueso de los recaudos por jugadas de las máquinas que operarían fuera de los casinos en manos privadas y no en las arcas de Retiro”, sostuvo Ismael Vega, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA).El ejecutivo explicó que el Artículo 13 de la medida dispone que el ingreso bruto producto de las máquinas de apuestas será graduado de tal forma que el 40 por ciento de su volumen sea distribuido entre el Estado y los concesionarios. De ese 40 por ciento, Vega señaló que tan solo un 25 por ciento será destinado al Fondo de Recuperación Fiscal, mientras que un 72 por ciento iría manos de los concesionarios que operan las máquinas. El restante tres por ciento estaría destinado para modernización y digitalización de sistemas del Departamento de Hacienda.
“En resumen, de cada dólar jugado, 60 centavos se devuelven en premio para el jugador y 40 centavos se dividen entre los concesionarios y el gobierno. De esos 40 centavos, 25 por ciento o 10 centavos van para el Fondo, tres por ciento o un centavo es asignado para modernización y digitalización de sistemas, y 72 por ciento o 29 centavos son para el concesionario”, indicó Vega.
El ejecutivo añadió que esos 10 centavos que llegarán al Fondo de Recuperación Fiscal no serán destinados en su totalidad al Sistema de Retiro del Gobierno, sino que a su vez serán distribuidos en diferentes partidas y que el Sistema de Retiro recibiría tan solo 20 por ciento de esos 10 centavos. “Al final de la ecuación, de cada dólar jugado, solo dos centavos irían al Sistema de Retiro del Gobierno, mientras que los concesionarios operadores de estas máquinas recibirían 29 centavos. Podríamos decir que si se generaran $100 millones en jugadas, el Sistema de Retiro recibiría tan solo $2 millones, al tiempo que los concesionarios estarían generando una ganancia de $29 millones. A todas luces, no es una fórmula positiva para el Gobierno y no ayudará sustancialmente a aliviar la crisis del Sistema de Retiro”, destacó.
De igual forma, Vega cuestionó la falta de información provista y participación en las vistas públicas relacionadas al proyecto de empresas que cuenten con los mecanismos para instalar y operar el sistema de registro y conexión de las máquinas tragamonedas al sistema del Departamento de Hacienda. “En esta discusión faltan partes fundamentales que, al menos hasta ahora, no se han expresado en torno a este proyecto. Ni públicamente ni ante esta Comisión. Hablamos de los representantes de las compañías que tengan el conocimiento y experiencia con este tipo de operaciones, quienes deberían tener particularmente interés en venir ante ustedes e ilustrar, tanto a la Comisión como al país, sobre el proceso de sustitución y adaptación de las tragamonedas existentes y de cómo estos procesos y esta medida atiende la situación del Sistema de Retiro y si beneficia o afecta a Puerto Rico”, expresó el ejecutivo.
El presidente de la Junta de la PRHTA indicó además que “estamos conscientes de la grave situación fiscal que atraviesa el país y de la precaria situación que enfrentan los Sistemas de Retiro del Gobierno. En múltiples ocasiones hemos manifestado nuestro interés en ser aliados del gobierno y aportar soluciones a esta situación. Hemos sostenido reuniones con miembros de la legislatura y hemos planteado alternativas que le permitirían al gobierno allegar recursos que bien pueden ser dirigidos a mitigar la crisis de Retiro, sin poner en peligro la estabilidad de la industria turística y los miles de empleos que dependen de ella”, indicó el ejecutivo.
Durante su ponencia, Vega reiteró la falta de estudios y análisis empíricos que validen las proyecciones de ingreso de esta medida y su potencial beneficio para el país. Sin embargo, destacó que los únicos estudios existentes sobre el tema concluyen que el sector turístico se verá seriamente afectado. A su vez, enfatizó que la medida carece de los controles necesarios y de la fiscalización presencial gubernamental que aseguren la pureza de la actividad de los juegos.
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