El gobernador Alejandro García Padilla envió a la Legislatura cuatro anteproyectos de ley para impulsar su política energética. Las medidas proponen enmendar la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), crear la Comisión de Energía y Telecomunicaciones de Puerto Rico (CETEL), crear la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), delegar facultades al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en relación con la regulación de las empresas de conducción por tubería y eximir del pago de arbitrios a todo vehículo impulsado mayormente por electricidad.
La primera de las medidas, busca enmendar la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, para establecer como misión y mandato de la AEE el ofrecimiento de un servicio eléctrico confiable y transparente, cónsono con la protección del ambiente, basado en el costo real, sin fines de lucro, enfocado en la participación ciudadana y en sus clientes, entre otras modificaciones. Además, declara que la política pública del ELA es la obtención de la autonomía energética; garantizar la seguridad de la infraestructura eléctrica; que la infraestructura eléctrica sea mantenida en condiciones óptimas para asegurar la confiabilidad del servicio eléctrico; y promover la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de la Autoridad.
El proyecto dispone como requisito de ley que las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno de la AEE sean transmitidas simultáneamente por Internet y exige a la Junta de Gobierno la adopción de un Código de Ética que rija la conducta de sus miembros y de su equipo de trabajo.
Asimismo, establece que la AEE debe implantar mecanismos de participación ciudadana durante el proceso para revisar las tarifas, y ordena que las tarifas sean revisadas cada dos (2) años. Igualmente, requiere divulgar en su portal de Internet información sobre el sistema eléctrico, información sobre los subsidios que ofrecen, el desglose de los cargos incluidos en la factura y las bases legales para cada cargo.
Además, la AEE deberá adoptar modelos de negocios para reducir su dependencia a la venta de electricidad, diversificar sus fuentes de ingresos y convertirse en proveedor de otros servicios afines. El modelo deberá incluir la obligación de buscar nuevos mercados de venta de electricidad a través de cables submarinos en jurisdicciones caribeñas. A la par, la Autoridad habrá de desarrollar y mantener un plan integrado de recursos que requerirá la utilización de mecanismos de participación ciudadana. El primer plan integrado de recursos deberá entrar en vigor en o antes del 1 de julio de 2015.
La AEE tendrá que identificar las maneras más efectivas y económicas de hacer que la infraestructura eléctrica de Puerto Rico sea una sostenible integrando nuevas tecnologías.
El segundo anteproyecto reemplaza la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) con la creación de la Comisión de Energía y Telecomunicaciones de Puerto Rico (CETEL) y sustituye a laAdministración de Asuntos Energéticos (AAE) por la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), cuyo director ejecutivo será el portavoz y asesor del gobernador en todo asunto de política pública energética.
El anteproyecto también declara como principios de política pública del ELA, y como ámbitos de acción de la CETEL, reconocer que el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, por lo cual el servicio eléctrico debe proveerse siempre a un costo justo, razonable y asequible; no afectar la capacidad de la AEE para cumplir con sus obligaciones de pago de deuda contraída, ni la capacidad de la AEE para dirigir el proceso de revisión y establecimiento de tarifas; velar que las tarifas establecidas por la AEE sean razonables y no obedezcan a gastos superfluos; promover que las emisiones de deuda de la AEE obedezcan al interés público; promover la autonomía energética de Puerto Rico a través del desarrollo prioritario de fuentes renovables y de estrategias de conservación y eficiencia energética; minimizar el malgasto y el consumo desmesurado de energía en todas las entidades gubernamentales, y requerir que todas las entidades públicas implementen medidas para reducir el uso ineficaz de los recursos energéticos; además de velar por la implantación de estrategias dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica; entre otros objetivos.
Además de sus deberes y facultades en relación con la regulación y adjudicación de casos y controversias sobre el servicio eléctrico, la CETEL tendrá todos los poderes, facultades y obligaciones que actualmente tiene la JRT más poseerá autoridad para llevar a cabo inspecciones, investigaciones y auditorías, de ser necesarias, para alcanzar los propósitos de la ley.
Por su parte, la OEPPE deberá establecer, mediante reglamentos, la política pública energética para el ELA en todas aquellas áreas que no estén en conflicto con la jurisdicción reglamentaria de la CETEL, e implementar dicha política pública. Igual recomendará a la CETEL normas para reglamentar a las compañías de servicio eléctrico, así como cualquier transacción, acción u omisión que incida sobre la red eléctrica y la infraestructura eléctrica en Puerto Rico. A la vez deberá asesorar a las agencias y a toda entidad pública, a instituciones y al público en general, sobre aspectos tecnológicos, científicos, socioeconómicos y legales relacionados con los asuntos energéticos y al alineamiento de estrategias y tecnologías que se propongan con la política energética; presentar querellas ante la CETEL en contra de entidades y personas naturales o jurídicas, cuando entienda que éstas han incurrido en acciones u omisiones contrarias a la política pública energética del ELA; y comparecer ante la CETEL en calidad amicus curiae en los casos adjudicativos que estén pendientes ante la Comisión.
El tercer proyecto busca transferir al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), aquellas facultades de la Comisión de Servicio Público (CSP) relacionadas con la regulación de las empresas de conducción por tubería, así como con la regulación de la transmisión, distribución y entrega de gas natural por tubería. De igual forma, transfiere el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de la CSP al DTOP.
El último anteproyecto busca eximir del pago de arbitrios a los carros eléctricos e híbridos plug-in, al enmendar las disposiciones de la Ley 204-2012, que provee un reembolso escalonado en la compra de este tipo de vehículos. Con la enmienda el reembolso aplicaría solamente a los autos híbridos convencionales, mientras que los carros eléctricos y plug-in serán totalmente exentos.
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