Nueva ley permite a CPAs practicar profesión en otras jurisdicciones

El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley hoy el Proyecto del Senado 1141, que permite a los contadores públicos autorizados practicar la profesión en otras jurisdicciones y países que permiten acuerdos de movilidad. Asimismo, García Padilla aprovechó su participación en la Convención Anual del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) de Puerto Rico para anunciar que el informe detallado de la nueva reforma contributiva estará listo para octubre de este año.

“Con la firma de esta ley, Puerto Rico se une a un importante puente de desarrollo profesional que promoverá nuevas oportunidades para nuestro desarrollo económico. Los contadores públicos autorizados podrán proveer servicios a sus clientes en la expansión de sus operaciones fuera del país, además de desarrollar sus prácticas fuera de la isla”, puntualizó el primer ejecutivo sobre la iniciativa propuesta por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

Actualmente, 49 estados de los Estados Unidos de América y el Distrito de Colombia tienen leyes de movilidad para CPAs con licencia de otras jurisdicciones sustancialmente equivalentes. De igual forma, también se promueven acuerdos de reconocimiento mutuo con países como México, Canadá, Irlanda, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda.

Por otro lado, García Padilla aprovechó su encuentro con los CPAs del país para afirmar que la reforma contributiva que se apruebe propulsará el desarrollo económico sostenible; proporcionará mayor certeza al sector industrial; incentivará sectores estratégicos, como la manufactura y las pequeñas y medianas empresas; será justa y equitativa; incentivará el trabajo; y facilitará la fiscalización y lucha contra la evasión contributiva. Estas premisas, aseguró García Padilla, coinciden con el informe del Comité de Recomendaciones del Colegio.

Por su parte, el Grupo Asesor de la Reforma Contributiva, que fue establecido por orden ejecutiva, tiene como encomienda evaluar la interacción del sistema contributivo estatal y municipal, así como sus impacto sobre individuos y comerciantes; estudiar la necesidad de reestructurar, eliminar o ampliar estos componentes para lograr tanto los recaudos necesarios como el desarrollo económico; analizar los tratos preferenciales y créditos contributivos existentes, bien sea para eliminarlos o para alinearlos con el plan de desarrollo económico; estudiar la efectividad del sistema para fomentar la justicia contributiva en la clase trabajadora y la base productiva, industrial y empresarial del país; examinar la estructura y los recursos del Departamento de Hacienda; comparar nuestro modelo contributivo con los adoptados en países con prioridades económicas y sociales similares a las nuestras; y recoger el sentir de los diversos sectores del país.