El cierre dejaría sin trabajo a miles de obreros y profesionales públicos y privados de la industria de la construcción, que de una manera directa e indirecta, trabajan en la construcción, reparación y mantenimiento de las carreteras del país.
Compararon este escenario con el cierre del gobierno central en el 2006, cuyos efectos económicos todavía se sienten hoy día. Un riesgo adicional que presenta este cierre es la pérdida de fondos federales en proyectos de construcción de carreteras, según la industria.
La industria de la construcción exigió a la legislatura y al ejecutivo llegar a un acuerdo para solucionar la situación económica de la ACT y evitar el cierre de la misma. Un eventual cierre de la ACT representaría un incumplimiento con los compromisos financieros del Banco Gubernamental de Fomento y su cierre por igual.
Ingenieros apoyan arbitrio
El Presidente interino del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Ing. Edgardo N. Martínez, anunció el apoyo de la institución al P. de la C. 2212 que aumentaría el arbitrio sobre el barril de petróleo como mecanismo para pagar $2.2 billones que adeuda la Autoridad de Carreteras (ACT) al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
El Presidente interino del CIAPR señaló que parte clave del desarrollo de nuestra infraestructura son las carreteras. “Estas son tan esenciales para el desarrollo económico del país como el agua y la electricidad. El mantener un programa de mejoras a las carreteras es fundamental para viabilizar todos los proyectos de desarrollo que están planificados o en proceso en el país. La accesibilidad vial es un elemento clave que se le presenta al desarrollador o industrial antes de una inversión. Carecer de esta accesibilidad o de ésta afectarse, eso supondría un efecto en cadena con consecuencias nefastas para Puerto Rico”, añadió.
Martínez enfatizó que el momento idóneo para dar paso al impuesto es ahora, que los precios del petróleo han reflejado una baja.
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