La posicion de Soto Class se fundamenta en lo que catalogó como un atropellado proceso de análisis del proyecto, la falta de capacidad de Hacienda para implementar el nuevo impuesto en el tiempo requerido y en que la economía de Puerto Rico no aguantaría el impacto de los cambios propuestos.
A continuación reproducimos el escrito de Soto-Class en su totalidad:
Luego
de un análisis profundo y clínico tanto del informe de KPMG como del proyecto
de ley de administración para cambiar el código contributivo, y a pesar de
estar de acuerdo con muchas de las propuestas incluidas, mi conclusión es que
sería perjudicial para el País aprobar esa reforma contributiva en este
momento.
Mi
opinión está basada principalmente en tres razones.
Primero,
el proceso para analizar el proyecto ha sido muy atropellado, nada transparente
y a espaldas del Pueblo. Desde el inicio no se quiso compartir con la
ciudadanía el informe de los consultores de KPMG en el cual se basaba la
reforma y el cual había sido pagado con fondos públicos. A pesar de un
llamado amplio de voces del sector ciudadano, de organizaciones no-gubernamentales,
de prominentes representantes del sector privado y de sindicatos y hasta de
algunos del sector público, Fortaleza mantuvo su postura de secretividad y no
fue hasta que un tribunal obligó hacer público el informe que se hizo.
Más
aún, la insistencia de convertir en ley a través de un proceso fast-track lo que el propio Secretario
de Hacienda ha llamado, “uno de los cambios más transcendentales en las últimas
décadas en la forma que levantamos los recursos necesarios para sufragar los
gastos del estado,” no es razonable. Peor aún, no permite discutir
responsablemente muchas de las dudas que han surgido en temas importantes como
por ejemplo el crédito al trabajo, y la necesidad de eximir los alimentos, la
educación y los medicamentos.
Segundo,
no estoy convencido que el gobierno de Puerto Rico, y en particular el
Departamento de Hacienda tenga la capacidad para implementar el nuevo régimen
en el tiempo que se han impuesto. No entiendo qué evidencia existe de lo
contrario. Ejemplos de más tenemos en nuestro gobierno de sistemas que no
funcionan, incluyendo el vergonzoso porcentaje de captación del IVU
actual. Me preocupa que de realizarse esta reforma, nos encontremos una
vez más en una situación donde se sobrestimaron las proyecciones de captación y
de recaudos, como siempre ha sucedido, y terminemos después de tanto trauma
igual o peor que ahora.
Tercero,
y más importante que todo lo demás, no creo que la economía de Puerto Rico, la
cual entra en su noveno año de estancamiento y que se encuentra en estado crítico,
pueda sobrevivir el shock al sistema que representarían los cambios propuestos,
principal entre ellos un IVA de 16%, y la extracción del Pueblo de más de mil
millones adicionales al año para el gobierno.
Recaudar
más para el gobierno no es malo de por sí. Pero esta reforma no se ha hecho
como parte de un plan amplio de desarrollo ni como parte de un plan para
determinar cuáles son las necesidades financieras verdaderas del
gobierno. No me parece ni inteligente ni moral que tengamos un gobierno
que malgaste sus recursos, incluyendo créditos y subvenciones que no generan
actividad económica, y que insista en seguir tomando prestado y confiscando
dinero de sus propios ciudadanos.
Peor
aún, no ha existido transparencia en cuanto al uso que se le darán a los más de
mil millones adicionales en recaudos, ni cómo el gobierno establecerá las
prioridades para esos dineros.
La
decisión de no apoyar la reforma en este momento ha sido una difícil pues la
realidad es que estoy de acuerdo con muchos de los objetivos y propuestas que
se incluyen en la misma. Pero creo que en esta situación, el momento y la
secuencia de prioridades es tan importante como la solución técnica. Y
este no es el momento.
0 comments:
Post a Comment