Durante
la sesión congresional Pierluisi hizo múltiples llamados a sus colegas para
que votaran a favor, argumentando que el Gobierno, con una deuda de $70mil millones ya han recurrido al impago
a sus acreedores. Explicó que los tres sistemas de retiro de Puerto Rico sufren
de una crasa falta de financiamiento, poniendo en riesgo el retiro de sobre
330,000 puertorriqueños y que el Gobierno de Puerto Rico ha perdido el acceso a
los mercados financieros, por lo que no puede tomar prestado para cumplir con
sus obligaciones actuales.
“Es una pena que hayamos llegado a este
punto, pero esa es la realidad. Debemos enfrentar este reto con valentía
y con franqueza”, dijo Pierluisi, quien recibió múltiples expresiones de
felicitación y agradecimiento por parte del Speaker Paul Ryan, la líder
demócrata Nancy Pelosi, el whip Steny Hoyer, el presidente de la Comisión de
Recursos Naturales, Rob Bishop, y los congresistas Raúl Grijalva, Sean Duffy,
José Serrano, y Nydia Velázquez, entre otros.
“Sin PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico
probablemente colapsará, los pensionados de los sistemas de retiro sufrirán
daños irreparables, y la mayoría de los bonistas podrían perder sus inversiones.
Sin este proyecto de ley, casi nadie gana y casi todo el mundo pierde”,
aseguró.
PROMESA complementa el mecanismo de
reestructuración de deuda con la creación de una Junta Independiente de
Supervisión para ayudar al Gobierno de Puerto Rico a manejar mejor sus finanzas
públicas, balancear su presupuesto, convertirse en más eficiente y
transparente, y recuperar el acceso a los mercados financieros.
“Mi norma a seguir, desde el primer día,
ha sido que la Junta propuesta debe tener la autoridad de supervisar—pero no de
ordenar y controlar—al Gobierno de Puerto Rico. PROMESA cumple con esa
norma. Luego de intensas negociaciones, el proyecto de ley establece una
Junta razonable con poderes mucho menos fuertes que los poderes que el Congreso
le proveyó a la Junta establecida para el Distrito de Columbia en 1995.
Si el Gobierno de Puerto Rico hace las cosas bien, la Junta tendrá un rol muy
limitado y cesará sus operaciones en pocos años”, explicó.
Durante el debate, Pierluisi defendió
varias enmiendas, incluyendo una suya presentada junto a los congresistas Sean Duffy (R- WI) y
Don Young (R-Ak). El propósito principal de esta enmienda es
aumentar la actividad económica de las pequeñas empresas en la Isla y promover
la creación de empleos en Puerto Rico, a través del programa HUBZone, que apoya
a comunidades con dificultades económicas en toda la nación. Si la tasa de
pobreza o de ingreso promedio en el censo cualificado cumple con el parámetro
establecido, se le designa como "área cualificada del censo". Las
pequeñas empresas situadas en el "área cualificada del censo" pueden
competir con preferencia para contratos federales, asumiendo que cumplen con
todos todos los demás criterios establecidos por ley.
Sin embargo, hay un tope estatutario que no
permite que la población de las "áreas cualificadas del censo"
en una "Área Estadística Metropolitana (MSA, por sus siglas en
inglés)" exceda el 20 por ciento del total de la población de esa
MSA. Aunque el tope aplica a nivel nacional, tiene un impacto
especialmente negativo en Puerto Rico. En 2013, sobre 500 de las 945
"áreas cualificadas del censo" hubieran cualificado si no fuera por
el tope aplicable a las MSA. Pequeñas empresas localizadas en más de 60
municipios en Puerto Rico no pueden aprovechar el programa HUBZone por ese
tope. “Ningún otro estado o territorio es afectado de forma tan adversa por
este tope como Puerto Rico”, explicó el Comisionado Residente.
Para promover el desarrollo económico en
Puerto Rico, la enmienda Pierluisi/Duffy/Young eliminaría este tope para Puerto
Rico por 10 años o hasta que la Junta de Supervisión Independiente establecida
por PROMESA concluya, lo que ocurra primero. Basado en las mejores estadísticas
disponibles, esta enmienda asegura que las pequeñas empresas situadas en más
del 80 por ciento de las "áreas cualificadas del censo" en Puerto
Rico puedan ser elegibles para competir.
Pierluisi, además, respaldó la enmienda de
los representantes David Jolly (R-Florida) y Carlos Curbelo (R-FL). Esta enmienda le requiere al Grupo de
Trabajo del Congreso sobre el Crecimiento Económico en Puerto Rico, creado por
la Sección 409 de esta ley, que informe sobre los cambios recomendados en la
política pública federal que reduciría la pobreza infantil en Puerto Rico. Dijo
que la pobreza “tiene
sus raíces en el trato desigual que Puerto Rico recibe bajo los programas
federales importantes contra la pobreza, que sólo es permisible porque Puerto
Rico es un territorio en vez de un estado. Para
reducir la pobreza, debemos poner fin al trato desigualdad. Y para terminar el
trato desigual, Puerto Rico debe descartar su condición territorial a favor de
la estadidad o la soberanía nacional”.
“Este proyecto de ley es un paso
esencial, pero no es la solución duradera. El gobierno federal, al igual
que el de Puerto Rico, deben aceptar un hecho fundamental. Mientras mis
constituyentes sean tratados como ciudadanos de segunda clase, Puerto Rico
nunca tendrá una economía de primera. Puerto Rico tiene que convertirse
en un estado para ser un miembro igual de la familia estadounidense, lo que es
el próximo paso lógico; o Puerto Rico debe unirse a la comunidad de naciones
como un país soberano. Puerto Rico merece tener democracia plena y
dignidad plena—no merece menos”, finalizó diciendo.
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