“La investigación realizada por nuestra Unión encontró que la administración de la Corporación diseñó esta estrategia para privatizar los servicios de farmacia de la agencia en violación a leyes estatales y federales. Radicamos esta demanda para desenmascarar esta parodia y hacer justicia a los trabajadores que han perdido sus empleos y a los lesionados, que serán los más perjudicados por este engaño. El proceso de contratación para la privatización de las farmacias de la agencia constituye otra señal del germen de la corrupción que arropa a nuestro país y del cual ya no aguantamos más.”, dijo Reyes.
La demanda radicada en el Tribunal Federal en San Juan alega violaciones de derechos civiles bajo las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos y violación a la cláusula de comercio interestatal . Pide, entre otras remedios, que se expida un interdicto preliminar y permanente para que CFSE provea toda la información que se ha negado dar sobre CooPharma.
“Todo indica que la CFSE diseñó una estrategia de contratación exclusiva para privatizar los servicios de farmacia de la agencia en clara violación del artículo 1, sección 8, cláusula 3, Cláusula de Comercio, entre otras violaciones”, señala la demanda.
Según esboza en la demanda, la CFSE se negó a discutir o negociar los cambios de personal de farmacia cubierto por el convenio colectivo y tomó represalias contra la Unión y sus representados, que denunciaron irregularidades. El administrador de la CFSE, Jesús Rodríguez Rosa, está demandado en su carácter oficial y personal; así como el presidente de la Junta de Directores el Comisionado de Seguros Javier Rivera Ríos; el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado; la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres; y la representante de los empleados ante la Junta, entre otros.
El ahora ex gobernador Ricardo Rosselló anunció en abril de 2019 el acuerdo mediante el cual la CFSE cerraría sus doce farmacias y traspasaba la operación a Coopharma. El proceso habría comenzado el 23 de marzo de 2018, cuando el administrador de la CFSE, Jesús Rodríguez Rosa, aprobó la solicitud para autorizar la “adquisición de bienes y servicios no profesionales” para la entrega de medicamentos a los lesionados mediante la red de CooPharma por $5 millones anuales, desde el 2018 al 2028. La solicitud fue aprobada el mismo día que la recibió.
El presupuesto aprobado para la propuesta fue de $7.5 millones anuales hasta el año 2022-23, para un total de $37.5 en cinco años.
Cuando CooPharma anunció el nuevo contrato a sus socios (28 de mayo de 2019) informó que centralizó sus operaciones integrando una Administración de Beneficios de Farmacia (conocido por sus siglas en inglés PBM), cuya operación la realizaba desde su sede bajo el nombre de negocio (DBA) “Coop Health”. Los PBM son intermediarios que negocian servicios y costos de medicamentos entre farmacéuticas y pagadores, tales como el gobierno y las compañías de seguros. Al crear el DBA Coop Health bajo la matriz CooPharma, la red cooperativa entonces administra beneficios de farmacia, lo cual según los demandantes es un craso conflicto de intereses.
En la demanda, la Unión alega que CooPharma viola la Cláusula Constitucional sobre Comercio Interestatal ya que firmó en abril de 2019 un contrato exclusivo sin competencia alguna, asegurando los servicios de farmacia y de procesamiento.
La demanda plantea que la CFSE dio trato preferencial a CooPharma ya que lo normal en las propuestas de subastas es que se les dé 3 o 4 semanas a las empresas para presentar sus propuestas. En este caso les dieron solo 3 días; la subasta fue por invitación, y la única invitada fue CooPharma. No se dio oportunidad a recibir mejores propuestas de otras farmacias de la comunidad, farmacias de fuera de Puerto Rico u otros PBM que pudieran dar el mismo servicio por menos dinero, incluyendo la posibilidad de que los trabajadores presentaran propuestas relativas a los servicios que se ofrecen desde las farmacias de la agencia.
Finalmente de la demanda se desprende que la actuación de CooPharma viola la orden de la Comisión Federal de Comercio ( FTC, por sus siglas en inglés) del 6 de noviembre de 2012 que le prohíbe negociar con un pagador a nombre de cualquier farmacia.
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