La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) secundó la postura de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en torno a la implementación de los proyectos de energía renovable y denunció que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continúa llevando a cabo un análisis “viciado” sobre dichos contratos, lo cual impacta el desarrollo de nuevas tecnologías de energía en Puerto Rico.
Según la entidad, el análisis “errado, ligero y poco minucioso” de la JSF sobre estos 16 contratos, renegociados y listos para comenzar, interviene con el desarrollo del sistema eléctrico a nivel local.
“La intervención del ente fiscal en estos procesos entorpece el cumplimiento de la Ley de Política Pública Energética de 2019 y la Ley 57 de 2014; además de detener la creación de casi 9,000 empleos y la inversión de sobre $1,000 millones en la economía de Puerto Rico; y retrasar la reducción y estabilización de los costos de energía eléctrica y la propia implementación del Plan Fiscal Certificado de la AEE del 2020”, sostuvo el director ejecutivo de la APER, Julián Herencia.
Las alegaciones de la JSF se llevaron a cabo en una misiva enviada a la Junta de Gobierno de la AEE el pasado 17 de agosto; comunicación la cual la Junta de Gobierno contestó en detalle el 21 de agosto.
El líder de APER también señaló que “nuestro reclamo es que la JCF haga un análisis completo junto al NEPR y AEE y que modifique su decisión y recomendaciones en base de los nuevos resultados que ese análisis arrojará. Ya hemos solicitado una reunión con la JSF, en presencia de la AEE y el NEPR, pero aún no han contestado.
De la JSF mantenerse firme en su postura errada, la APER informó que continuará solicitando información, y financiera de modelos matemáticos utilizados para su revisión.
Herencia explicó que los 593 megavatios de proyectos renovables renegociados logran las dos metas establecidas en el plan fiscal certificado, ya que aumentan la integración de fuentes de energía renovable de manera acelerada, mientras se logra el menor precio posible para los clientes de la Autoridad.
Por otra parte, se aclaró que la responsabilidad de establecer la razonabilidad de los precios de los contratos de venta de energía —y de su impacto en la tarifa de energía eléctrica— corresponde al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), entidad que ya ha revisado y concluido que los precios renegociados son beneficiosos para nuestra gente.
Según se informó, la NEPR también determinó que cumplían con la política pública energética de Puerto Rico.
De acuerdo con la APER, la JSF ya había acogido favorablemente los resultados y recomendaciones del estudio de New Energy Partners —consultor independiente que contrató la Junta de Gobierno de la AEE para recomendar los precios más bajos posibles— sobre los contratos renegociados, los cuales cumplieron cabalmente con las recomendaciones.
“La proyección de los precios de los proyectos renovables es más baja año tras año que la proyección que presenta el Plan Fiscal de la AEE para el 2020 —el cual la propia JSF certificó— lo que resultará en tarifas menores para los clientes. Los datos presentados en dicho plan contradicen las alegaciones de la Junta en su misiva del pasado 17 de agosto”, subrayó el líder de la Asociación.
Más aún, se indicó que la JSF carece de un análisis de riesgo. De acuerdo con la APER, ellos sí pudieron demostrar que la implementación del plan fiscal resultará en mayores ahorros provenientes de los proyectos de energía renovable, de ser implementados en o antes del 2022.
“También detallamos en nuestra comunicación al ente fiscal que retrasar estos proyectos, los cuales ya están listos para comenzar, resultaría en mayores costos dado a los incentivos federales, por más de $300 millones que desaparecerán con la paralización recomendada por el ente fiscal,”, subrayó el director ejecutivo.
Se estimó que la realización de los proyectos renovables resultará en la creación de 8,940 empleos directos, indirectos e inducidos, un total en salarios de $244 millones y una inversión relacionada a la construcción de $900 millones; para un total de sobre $1,100 millones de inversión en la Isla, que se materializaría en los próximos 6 a 12 meses.
Dicha inversión compensa el exceso de $0.005 (medio centavo) por kilovatio hora en el 2035 que la JSF erróneamente establece como atribuible a los contratos renegociados de energía renovable, según Herencia.
Se explicó que el análisis de la JSF no considera el término completo de los contratos de energía renovable, ya que omitió los años donde los precios de venta de energía alcanzan su límite máximo y se mantienen constante mientras que los costos de otras fuentes de generación continúan aumentando.
El resultado de este análisis disminuye considerablemente el beneficio real que brindan los proyectos renovables en bajar las tarifas de energía eléctrica. La APER solicitó a la JSF una explicación sobre esta omisión.
Por otra parte, la Asociación sostuvo que los nuevos términos y condiciones solicitados son discriminatorios contra los desarrolladores locales y no son cónsonos con las normas establecidas de negocios en la industria.
Establecen además, que dichos términos y condiciones reflejan un desconocimiento general sobre la industria de energía renovable y en particular sobre el negocio de proyectos renovables a gran escala.
Mientras, se informó que la JSF solicita que se reduzca la cantidad de proyectos a corto plazo de 593 megavatios a 150 megavatios, como una estrategia de aprovechar precios más bajos en el futuro para los restantes 443 megavatios, apostando a reducción en precios de equipos en un futuro. Pero olvidan sopesar que esa posible reducción va a estar contrarrestada por la reducción de incentivos federales, y el efecto neto sería muy poca o ninguna reducción en los costos de los proyectos.
Explicaron también que la expectativa de reducción de costos en la tecnología es mucho menor que 30 por ciento y que, en su fundamento, esta estrategia es fallida: posponer un proyecto hoy para hacerlo en cinco años porque los costos serán más bajos resultará en que en cinco años tampoco se hará, pues en diez años los costos también serán más bajos.
Herencia sentenció que “nunca se realizaría ningún proyecto o inversión. ¿Cómo es posible que la JCF le exija a la AEE que elimine 443 megavatios de proyectos renovables, cuando todos los desarrolladores acordaron prácticamente los mismos precios, términos y condiciones? ¿Qué proceso se llevaría a cabo para esa determinación? Esta reducción solo resultará en numerosos litigios que retrasarán los proyectos, así como en altos costos legales para la AEE y la JSF que al final del día lo paga nuestra gente en sus facturas de luz.”.
El director ejecutivo de la APER concluyó al sentenciar que “la Junta solo ha demostrado la falta de interés en fomentar desarrollo económico en la Isla —una de las principales metas de la Ley PROMESA— al paralizar el desarrollo de los proyectos renovables. No nos cansaremos de enfatizar que esto inevitablemente continuará enviando el mensaje negativo de que en Puerto Rico no se cumple con las obligaciones contractuales y que no es un lugar en el cual se pueda invertir”.
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