En la audiencia pública, Herencia hizo énfasis en que “las empresas que han hecho o proyectan hacer estas inversiones, deben recibir del Gobierno una confirmación definitiva e inmediata de que siguen contando con un marco contractual y jurídico, claro, confiable y previsible, que no genere inestabilidad o incertidumbre en lo que es la política pública y el mandato de las leyes y reglamentos que tienen vigencia en nuestra jurisdicción”.
La Ley 82 estipula que para el año 2015, la producción a partir de energía renovable debe ascender a 12%, mientras que para el 2020, ese porcentaje debe ser de un 15%. En caso de que esa meta no se cumpla, la Autoridad de Energía Eléctrica se expone al pago de multas millonarias, que eventualmente impactarían el bolsillo de todos los consumidores.
El cumplimiento cabal de esta ley, además de reducir el pecio de la energía eléctrica a todos los abonados de la AEE, tendría un impacto económico sin precedentes para la Isla, puesto que generaría 18,825 empleos y una inyección de $5,300 millones en 56 proyectos de energía renovable.
“Es decir, hoy nuestra Asociación y sus recursos están a la disposición del Gobierno y sus agencias concernientes para contribuir a que podamos cumplir con los parámetros de la Ley 82, que redundará en beneficios para todos nuestros ciudadanos y futuras generaciones, en lo que respecta a costo energético, impacto económico y protección de nuestro medio ambiente”, apuntó Herencia, al recordar que; “no obstante, la ventana de oportunidad para cumplir con este cometido está a punto de cerrar, por lo que recabamos a la buena voluntad y el deseo compartido de poder dejarle legado a nuestras futuras generaciones.
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